¿Qué establece el Real Decreto 39 1997?

El Real Decreto 39/1997 establece las normas básicas y los procedimientos administrativos que los ciudadanos deberán seguir cuando interactúan con la Administración General del Estado en España.

Este decreto regula los principios de actuación de la Administración, asegurando la transparencia, la eficacia y la eficiencia en los procesos administrativos.

Además, establece las reglas para la elaboración de actos administrativos, definiendo los procedimientos a seguir y los plazos que deben cumplirse para garantizar la agilidad en la gestión de los trámites.

El Real Decreto 39/1997 también establece los derechos de los ciudadanos, asegurando su participación y su acceso a la información pública, así como el derecho a formular quejas y reclamaciones.

Asimismo, este decreto regula el uso de medios electrónicos en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración, fomentando la administración electrónica y estableciendo las garantías necesarias para la seguridad y confidencialidad de los datos.

En resumen, el Real Decreto 39/1997 es una normativa fundamental en España que establece los procedimientos administrativos, garantiza los derechos de los ciudadanos y promueve la modernización y la eficiencia en la Administración. Su importancia radica en fomentar una gestión pública más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

¿Que regula el Real Decreto 39 1997?

El Real Decreto 39/1997 regula el procedimiento administrativo común que deben seguir todas las administraciones públicas en España. Este decreto establece las normas básicas que rigen el funcionamiento de los órganos administrativos y los procedimientos que deben seguirse en la tramitación de los expedientes administrativos.

En primer lugar, el Real Decreto 39/1997 establece los principios básicos a los que se deben ajustar las actuaciones administrativas. Entre estos principios se encuentran la eficacia, la eficiencia, la transparencia, la participación, la coordinación, la responsabilidad, la cooperación y la buena fe. Además, se establece que las administraciones públicas deben actuar de manera congruente y proporcionada, y que los procedimientos deben ser ágiles y sencillos.

Otra cuestión fundamental que regula este Real Decreto es el uso de los medios electrónicos en las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Establece que los ciudadanos tienen el derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, siempre y cuando se garantice la seguridad y la confidencialidad de la información. Además, se establecen las condiciones para que los documentos que se presenten a través de medios electrónicos tengan validez legal.

En relación con los plazos administrativos, el Real Decreto 39/1997 establece que los procedimientos administrativos deben resolverse en un plazo máximo de 6 meses, salvo que una norma establezca un plazo diferente. En caso de que la administración pública no responda dentro de este plazo, se considerará una denegación por silencio administrativo.

Por último, este Real Decreto también regula la responsabilidad de las administraciones públicas en caso de daños y perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de su actuación. Establece que las administraciones públicas deben indemnizar a los ciudadanos por los daños y perjuicios sufridos, siempre y cuando se acredite la existencia de un daño, una relación de causalidad y una actuación administrativa contraria a la ley.

¿Qué establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las normas y medidas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el ámbito laboral.

Esta ley tiene como objetivo principal garantizar un entorno laboral seguro y saludable, mediante la identificación y eliminación de los riesgos laborales y la promoción de medidas preventivas.

En este sentido, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las responsabilidades de los empleadores y los trabajadores en materia de prevención, así como los derechos y deberes de ambos.

Entre las medidas que contempla la ley se encuentran la evaluación de los riesgos laborales, la adopción de medidas preventivas, la información y formación de los trabajadores en materia de prevención, y la vigilancia de la salud de los empleados.

Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales también establece la obligación de las empresas de contar con un plan de emergencia y evacuación en caso de situaciones de peligro, así como la necesidad de proporcionar equipos de protección individual adecuados a cada tipo de trabajo.

En conclusión, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una normativa fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el ámbito laboral, estableciendo medidas y responsabilidades tanto para los empleadores como para los trabajadores. Es importante destacar que el cumplimiento de esta ley es fundamental para prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales.

¿Que regula el Real Decreto 486 1997?

El Real Decreto 486/1997 es una normativa que regula el procedimiento administrativo de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de uso humano. Este decreto es de gran importancia, ya que establece las pautas y requisitos que deben cumplir las empresas farmacéuticas para obtener la autorización de la comercialización de sus productos.

En primer lugar, este real decreto establece los principios y criterios que deben guiarse en el proceso de evaluación de los medicamentos. Se establecen los requisitos técnicos y científicos que debe cumplir un medicamento para ser considerado seguro y eficaz. Además, se establecen los procedimientos para obtener la autorización de comercialización, que incluyen la presentación de documentación científica y la realización de estudios clínicos.

El decreto también regula los plazos en los que la Administración debe responder a las solicitudes de autorización. Estos plazos están establecidos para garantizar la agilidad y eficacia del proceso de evaluación de los medicamentos. Además, también establece los mecanismos de colaboración y cooperación entre la Administración y las agencias de evaluación de medicamentos.

Por último, el real decreto establece las medidas de control y vigilancia una vez que un medicamento ha sido autorizado para su comercialización. Se establecen las obligaciones de las empresas farmacéuticas para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos en el mercado. Además, se establecen los procedimientos para la comunicación y notificación de efectos adversos y la revisión periódica de la seguridad de los medicamentos autorizados.

¿Qué norma regula los Servicios de prevención?

La norma que regula los Servicios de Prevención en España es la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley establece las disposiciones básicas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el ámbito laboral.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligatoriedad de implementar un Servicio de Prevención en las empresas. Este servicio tiene como objetivo principal prevenir los riesgos laborales y promover la protección de la salud y la seguridad en el trabajo.

La norma establece que los Servicios de Prevención deben ser una parte integrante de la estructura organizativa de la empresa. Estos servicios pueden ser de dos tipos: propios, es decir, que sean gestionados por la propia empresa, o ajenos, contratados a través de una entidad especializada en prevención de riesgos laborales.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define las funciones y responsabilidades de los Servicios de Prevención. Entre estas funciones se encuentran la identificación y evaluación de los riesgos laborales, la planificación y ejecución de medidas preventivas, la vigilancia de la salud de los trabajadores y la formación en materia de prevención de riesgos laborales.

Además, la norma establece que los Servicios de Prevención deberán contar con personal especializado en prevención de riesgos laborales. Este personal puede ser propio de la empresa o contratado externamente. De cualquier forma, es necesario que cuenten con los conocimientos y la formación necesaria para llevar a cabo sus funciones de manera eficaz.

En conclusión, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula los Servicios de Prevención en España, estableciendo sus funciones, responsabilidades y la obligatoriedad de su implementación en las empresas. Estos servicios son fundamentales para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el ámbito laboral.