¿Qué fases tiene un procedimiento contencioso-administrativo?

El procedimiento contencioso-administrativo es un proceso jurídico que se utiliza para resolver conflictos entre los ciudadanos y la administración pública. Se trata de un procedimiento que tiene varias fases y que se extiende en el tiempo.

La primera fase del procedimiento contencioso-administrativo es la presentación de la demanda por parte del ciudadano afectado. En esta fase, el ciudadano debe exponer las razones por las que se siente perjudicado por la actuación de la administración.

A continuación, la administración tiene un plazo para presentar su contestación a la demanda. En esta fase, la administración debe exponer los motivos por los que actuó de la forma en que lo hizo y defender su actuación ante el juez.

Una vez presentadas la demanda y la contestación, se inicia la fase probatoria del procedimiento. En esta fase, tanto el ciudadano como la administración pueden presentar pruebas para demostrar los hechos que alegan. El juez tiene la función de valorar estas pruebas y tomar una decisión en base a ellas.

Finalmente, una vez concluida la fase probatoria, se dicta sentencia. En la sentencia, el juez determinará si la actuación de la administración fue correcta o no y tomará las medidas necesarias para restablecer la legalidad vulnerada.

¿Qué fases tiene un procedimiento contencioso-administrativo?

Un procedimiento contencioso-administrativo es aquel que permite a los ciudadanos españoles recurrir las decisiones y actuaciones de la administración pública ante los tribunales de justicia. Este procedimiento se divide en varias fases, cada una con un propósito y objetivo específico.

La primera fase es la presentación del recurso, en la que el ciudadano afectado presenta ante el órgano administrativo competente un recurso contencioso-administrativo. Este recurso debe contener una exposición clara de los hechos que motivan la impugnación y los fundamentos jurídicos que sustentan la pretensión.

La segunda fase es la admisión a trámite del recurso, en la que el tribunal admite a trámite el recurso y procede a notificar la demanda a la administración pública para que esta presente su contestación. En esta fase también se pueden presentar pruebas y alegaciones adicionales.

La tercera fase es la celebración de la vista, en la que se celebra una audiencia pública en la que se debaten las cuestiones planteadas en el recurso contencioso-administrativo. Las partes pueden presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal para que este pueda emitir una sentencia basada en la ley y la jurisprudencia.

Finalmente, la resolución del recurso es la última fase del procedimiento contencioso-administrativo en la que se dicta una sentencia que resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado. Esta sentencia puede confirmar, anular o modificar la decisión de la administración pública, y es vinculante para ambas partes.

En resumen, un procedimiento contencioso-administrativo se divide en cuatro fases: presentación del recurso, admisión a trámite del recurso, celebración de la vista y resolución del recurso. Cada una de estas fases es esencial para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las decisiones y actuaciones de la administración pública.

¿Cuánto cobra un abogado por un recurso contencioso-administrativo?

El recurso contencioso-administrativo es una acción legal que permite a los particulares impugnar las decisiones de la administración pública. Este tipo de recurso puede resultar muy útil en casos en los que se considera que una decisión o acción de la administración va en contra de los intereses de un individuo o entidad.

En cuanto al cobro de los servicios de un abogado para este tipo de recurso, es importante tener en cuenta que no existe un precio fijo establecido. El coste dependerá de factores como la complejidad del caso, la experiencia del abogado y el tiempo que se le dedique a la gestión del mismo.

No obstante, se puede establecer una media orientativa de los precios que pueden manejar los profesionales. En términos generales, el coste puede oscilar entre los 500 y los 3000 euros. Por otro lado, algunos abogados pueden trabajar mediante honorarios fijos que oscilan entre los 1500 y 2500 euros.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que no existen tarifas establecidas y que el precio final dependerá de cada caso en particular. Sea como fuere, resulta esencial buscar un abogado especializado en el recurso contencioso-administrativo y evaluar los distintos costes ofrecidos antes de proceder a la contratación de este tipo de servicios legales.