¿Qué ingresos computan para la pensión no contributiva?

En España, la pensión no contributiva es una prestación económica concedida a los mayores de 65 años o a aquellas personas con discapacidad con un grado de minusvalía que supere el 33%. El importe de la pensión no contributiva depende de los ingresos del solicitante, que deben ser inferiores a unos límites establecidos por la ley.

Los ingresos computables para el cálculo de la pensión no contributiva son los siguientes: el salario, la prestación por desempleo, el subsidio por incapacidad temporal, las pensiones de jubilación, las pensiones por viudedad o por orfandad, los ingresos por alquiler de bienes inmuebles, los ingresos por la venta de bienes muebles, los ingresos por actividades agrícolas, ganaderas o forestales, los ingresos por actividades profesionales y los ingresos por actividades artesanales.

Es importante destacar que se excluyen de los ingresos computables los ingresos exentos de tributación, como la ayuda por hijo a cargo, la renta básica de ciudadanía, la exención de impuestos por discapacidad, la ayuda por desempleo, los ingresos por donaciones, herencias o legados y los ingresos por trabajos afectos a la economía sumergida.

Para determinar los ingresos que computan para la pensión no contributiva, el solicitante deberá presentar la documentación necesaria, como los últimos certificados de salario, los certificados de la Seguridad Social o el informe de la Unidad de Valoración de la Discapacidad.

¿Qué ingresos computan para la pensión no contributiva?

En España, la pensión no contributiva fue creada para aquellas personas que no tienen suficiente edad para acceder a la pensión contributiva, o para aquellas que no han cotizado el número de años necesarios para acceder a ella. La pensión no contributiva se calcula en función de los ingresos del solicitante y de los miembros de su hogar.

Para calcula la pensión no contributiva, los ingresos computables se dividen en ingresos laborales y ingresos no laborales. Estos ingresos se suman y se les resta ciertos descuentos para llegar a la cantidad total de ingresos.

Los ingresos laborales que se computan para la pensión no contributiva son los salarios que recibe cada miembro de la familia por trabajos, tanto de índole económica como profesional. Además, también se computan los salarios obtenidos por trabajo del hogar.

Por otro lado, los ingresos no laborales son aquellos que no provienen del trabajo, sino de otros tipos de ingresos, como los intereses de ahorros, la renta de un inmueble, los ingresos por herencias o donaciones, o cualquier otro ingreso que no provenga del trabajo.

A partir de estos ingresos, se hará el cálculo para determinar el importe de la pensión no contributiva. Para ello, hay que tener en cuenta que los descuentos permitidos no pueden superar el valor del importe de la pensión que se va a obtener.

¿Cuándo se cobra el complemento de la pensión no contributiva?

En España, el complemento de la pensión no contributiva es una ayuda económica dirigida a las personas mayores de 65 años que no tienen derecho a percibir una pensión contributiva. Esta ayuda se puede cobrar cada trimestre del año. El importe de esta ayuda se calcula en función de la renta del solicitante y de los ingresos de su unidad familiar.

La persona interesada debe cumplir varios requisitos para poder cobrar esta ayuda. Entre ellos, están tener 65 años, estar empadronado en España, residir en el mismo municipio durante al menos 1 año antes de la solicitud, no tener una pensión contributiva, no percibir otros ingresos superiores al límite establecido por la ley, etc.

Los solicitantes deberán presentar la documentación necesaria para acreditar que cumplen los requisitos. Una vez recibida la documentación, la Dirección General de Seguridad y Servicios Sociales estudiará la solicitud y si es aprobada, se abonará el importe correspondiente cada trimestre, directamente a la cuenta bancaria del interesado.

¿Qué ley regula las pensiones no contributivas?

En España, el régimen de pensiones no contributivas está regulado por la Ley 8/2015, de 22 de julio, de Prestaciones Económicas para la Inclusión Social. Esta ley, conocida como LEIS (Ley de Estímulo a la Inclusión Social), establece un sistema de protección social para aquellas personas en situación de necesidad. Estas prestaciones se otorgan a aquellas personas que cumplan los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la referida ley. Las pensiones no contributivas tienen como objetivo reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más desfavorecidos.

Los requisitos para ser beneficiario de una pensión no contributiva son los siguientes: el solicitante debe ser mayor de 65 años, no tener una pensión contributiva y tener unos ingresos mensuales inferiores al umbral establecido por la ley. Además, el patrimonio del solicitante no debe superar el límite establecido por la ley. Las pensiones no contributivas se otorgan por un período de tiempo limitado, aunque se pueden renovar si siguen cumpliendo los requisitos establecidos.

La ley de Prestaciones Económicas para la Inclusión Social también establece otras prestaciones económicas destinadas a personas en situación de necesidad. Entre estas prestaciones se encuentran el ingreso mínimo vital, el subsidio de desempleo, el subsidio por incapacidad temporal, el subsidio por cese de actividad, el subsidio por enfermedad y el subsidio por maternidad.

En conclusión, la Ley 8/2015 de Prestaciones Económicas para la Inclusión Social es la ley que regula el régimen de pensiones no contributivas en España. Esta ley establece los requisitos para ser beneficiario de estas prestaciones, así como otras prestaciones económicas destinadas a personas en situación de necesidad.

¿Qué es una pensión no contributiva por invalidez?

Una pensión no contributiva por invalidez es una prestación económica que reciben aquellas personas que están reconocidas como discapacitadas a causa de una enfermedad o lesión, y no tienen los recursos suficientes para afrontar los gastos derivados de su situación. Esta pensión es una ayuda económica otorgada por el Estado español, a través de la Seguridad Social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los discapacitados y contribuir a su autonomía.

La prestación económica se concede a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos por la Seguridad Social, como el grado de discapacidad reconocido, tiempo de residencia en España, edad, recursos económicos y situación laboral. También es necesario contar con una certificación médica que acredite el grado de discapacidad, y debe presentarse una solicitud a la Seguridad Social.

Además, la Seguridad Social otorga ayudas complementarias para hacer frente a algunos gastos relacionados con la discapacidad, como ayudas para la adquisición de ortopedia, fisioterapia, adaptaciones en el domicilio, entre otros. Estas ayudas se conceden de forma individual y se otorgan con carácter temporal, según la situación de cada persona.

Las pensiones no contributivas por invalidez son una importante fuente de financiamiento para aquellas personas con discapacidad que no tienen los recursos suficientes para afrontar los gastos derivados de su situación. Estas pensiones permiten mejorar la calidad de vida de los discapacitados y contribuir a su autonomía.