¿Qué quiere garantizar la Ley 9 2017 en la contratación del sector público?

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, reguladora de la contratación pública, es la normativa española que regula la contratación pública en España. Esta ley quiere garantizar la publicidad, transparencia y una competencia leal en la contratación pública. Esta ley se aplica tanto a los contratos financieros como a los bienes y servicios contratados.

Esta ley garantiza a los proveedores un trato igualitario a la hora de contratar con el sector público. Además, quiere garantizar que los procedimientos de contratación sean lo más eficientes posibles, con un enfoque de calidad y eficacia. Esta ley también quiere asegurar que el sector público no incurra en prácticas ilegales, como la corrupción.

Además, la Ley 9/2017 establece una serie de mecanismos para garantizar que los procesos de contratación se lleven a cabo de forma eficiente. Esto incluye la presentación de propuestas a través de la plataforma electrónica de contratación y el establecimiento de un sistema de evaluación objetiva para los contratos. Estos mecanismos deben garantizar que la contratación del sector público sea eficiente y equitativa.

En conclusión, la Ley 9/2017 quiere garantizar que la contratación del sector público sea justa, transparente, eficiente y libre de prácticas ilegales. Esta ley establece mecanismos para garantizar una competencia leal entre los proveedores y para asegurar que los procedimientos de contratación se lleven a cabo de forma eficiente y equitativa. Esto permitirá mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar que los fondos públicos sean utilizados de forma responsable.

¿Qué quiere garantizar la Ley 9 2017 en la contratación del sector público?

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se publicó el 3 de noviembre de 2017 en el Boletín Oficial del Estado, con el objetivo de dar cumplimiento a la Directiva Europea 2014/24/UE relativa a la contratación pública. Esta Ley regula la contratación pública en España, estableciendo un marco legislativo común para todas las administraciones públicas, así como para las entidades locales y los organismos autónomos.

La Ley 9/2017 establece una serie de principios y objetivos comunes para la contratación pública, tales como la transparencia, la publicidad, la igualdad de trato, la no discriminación, el respeto a los principios de la contratación pública y la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Estos principios son fundamentales para garantizar una contratación pública moderna, eficaz y transparente en todos los niveles del Estado.

Además, la Ley 9/2017 establece una serie de medidas para garantizar que los contratos se celebren de manera equitativa, transparente y eficiente. Estas medidas incluyen la obligación de publicar los contratos antes de su celebración, la creación de una base de datos única y centralizada para los contratos públicos, la publicación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos, la elaboración de informes anuales sobre la contratación pública y la exigencia de informe de los contratos de obras, suministros y servicios.

En definitiva, la Ley 9/2017 tiene como objetivo garantizar que la contratación pública en España se realice de una manera transparente, equitativa y eficiente, respetando los principios y objetivos comunes establecidos por la Directiva Europea 2014/24/UE.

¿Cuántos libros tiene la Ley de Contratos del Sector Público?

La Ley de Contratos del Sector Público es una ley española que regula el régimen jurídico de los contratos administrativos. Está estructurada en tres libros, cada uno de ellos con varios capítulos en los que se establecen los principios generales de los contratos, los procedimientos de contratación, los contratos específicos y los derechos y obligaciones de las partes implicadas. El primer libro establece los principios generales de la contratación pública, el segundo libro se refiere a los procedimientos de contratación pública y el tercero aborda los distintos contratos y subcontratos específicos.

Además de los tres libros, la Ley de Contratos del Sector Público también incluye una disposición adicional, una disposición transitoria y varias disposiciones finales. Estas disposiciones finales establecen los mecanismos de control para el cumplimiento de la ley, así como los organismos competentes para la regulación y ejecución de los contratos. En resumen, la Ley de Contratos del Sector Público está conformada por tres libros y varias disposiciones adicionales, transitorias y finales.

¿Qué Ley se encarga de los Contratos del Sector Público?

En España, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece el marco normativo básico para el desarrollo de los contratos del sector público. Esta ley se encarga de establecer los principios generales aplicables en estas relaciones contractuales, así como los procedimientos que deben seguirse para la contratación y ejecución de los mismos.

La Ley 9/2017 se aplica a todos los contratos de las Administraciones Públicas, incluyendo los estatales, autonómicas, locales y entidades que dependen de ellas, como los organismos autónomos, fundaciones, agencias, etc. Esta ley se aplica también a los contratos de obras, servicios y suministros, a los contratos de derecho privado, a los contratos de colaboración entre Administraciones Públicas, a los contratos de la Administración de la Seguridad Social, a los contratos de los entes públicos empresariales y a los contratos celebrados por el Banco de España.

La Ley 9/2017 establece los principios y garantías que deben respetarse en todos los contratos del sector público, entre los que se encuentran los principios de eficiencia, publicidad, transparencia, objetividad, lealtad, igualdad de trato, proporcionalidad, seguridad jurídica, economía, transparencia, tutela de los intereses generales y prevención del fraude. Además, la ley establece los criterios para la adjudicación de contratos y autoriza a las Administraciones Públicas para que establezcan los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los mismos.

Asimismo, la Ley 9/2017 establece los procedimientos que deben seguirse para la contratación del sector público, para lo cual se han establecido normas específicas para los procesos de selección de contratistas, para los procedimientos de ejecución de los contratos y para los mecanismos de control de la calidad de los mismos. La ley también establece los mecanismos de recurso para las partes, así como los mecanismos de control para garantizar que los contratos sean cumplidos.

¿Qué tipos de contratos existen en las Administraciones Públicas?

En España, las Administraciones Públicas pueden contratar a profesionales a través de diferentes tipos de contratos. Estos contratos se dividen en contratos laborales y contratos de servicios.

Los contratos laborales, se refieren a aquellos en los que la administración contrata a un profesional para desempeñar un trabajo que se encuentra sujeto a la legislación laboral española. Estos contratos se dividen en contratos a tiempo completo, contratos a tiempo parcial, contratos temporales y contratos de relevo.

Los contratos de servicios, por otro lado, son aquellos en los que la administración contrata a un profesional para desempeñar un determinado servicio. Estos contratos se dividen en contratos de obra, contratos de obra y suministro, contratos de trabajo y contratos de asistencia técnica.

Por último, existen los contratos de interinidad, que son aquellos que se celebran entre una administración pública y un trabajador para cubrir un puesto temporal. Estos contratos se aplican cuando un trabajador fijo se encuentra ausente temporalmente y se requiere un reemplazo temporal.

En conclusión, existen diferentes tipos de contratos en las Administraciones Públicas de España. Estos contratos se dividen en contratos laborales y contratos de servicios. Los contratos laborales se dividen en contratos a tiempo completo, contratos a tiempo parcial, contratos temporales y contratos de relevo, mientras que los contratos de servicios se dividen en contratos de obra, contratos de obra y suministro, contratos de trabajo y contratos de asistencia técnica. Los contratos de interinidad se utilizan cuando se requiere un reemplazo temporal para cubrir un puesto temporal.