¿Cuál es la ley de la función pública?

En España, la ley de la función pública es una ley orgánica que regula los principios y normas de los servicios públicos. Esta ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 13 de julio de 2018 y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Establece los derechos y deberes de los empleados públicos, así como los procedimientos y principios para el desempeño de sus funciones.

La ley de la función pública establece los valores y principios éticos que deben regir a los funcionarios y empleados públicos. Estos incluyen el compromiso con los ciudadanos y el servicio público, la eficiencia en el desempeño de las tareas, la integridad en el ejercicio de sus funciones y la responsabilidad con el uso de los recursos públicos.

La ley de la función pública también establece los mecanismos para el acceso al empleo público, el régimen de incompatibilidades y las sanciones por incumplimiento de las normas. Establece asimismo el régimen de horario y descanso de los empleados públicos, el régimen de promoción y los sistemas de evaluación de sus desempeños.

Además, la ley de la función pública introduce una nueva figura de servicio profesional, que permite a los trabajadores públicos desarrollar su carrera en el servicio público a lo largo de su vida laboral. Esta ley busca modernizar el funcionamiento de los servicios públicos para garantizar un mejor servicio a los ciudadanos.

¿Cuál es la ley de la función pública?

La ley de la función pública es un conjunto de normas que regulan la actuación de los funcionarios de la Administración Pública española. Esta ley establece los derechos y obligaciones de los servidores públicos, así como los principios que deben regir sus actuaciones, para asegurar una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.

La Ley de la Función Pública de España se encuentra regulada en la Ley 7/2007, de 12 de abril, modificada por la Ley 10/2019, de 30 de mayo. Esta ley se encuentra dividida en varios Títulos, donde se establecen los derechos, deberes y obligaciones de los servidores públicos, así como el régimen de incompatibilidades y el régimen de régimen de incompatibilidades.

La Ley de la Función Pública también regula el procedimiento de selección de los servidores públicos. Establece la forma de acceder a la función pública, los requisitos y el proceso de selección para los puestos de trabajo. Asimismo, establece los principios sobre los que se fundamentan estos procesos, para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los candidatos.

La Ley de la Función Pública también regula la promoción profesional de los servidores públicos. Establece los principios sobre los que se basa la promoción de los funcionarios, los criterios de valoración y el sistema de evaluación para la promoción. Esta ley también establece la normativa en relación con el ajuste de las retribuciones de los servidores públicos, a fin de evitar situaciones de discriminación entre los funcionarios.

En resumen, la Ley de la Función Pública es un conjunto de normas que regulan la actuación de los funcionarios de la Administración Pública española. Esta ley establece los derechos y obligaciones de los servidores públicos, así como los principios que deben regir sus actuaciones, para asegurar una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos.

¿Qué ley regula el personal al servicio de las administraciones públicas?

En España, el personal al servicio de las administraciones públicas está regulado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Esta ley regula el régimen jurídico de los empleados públicos, así como sus derechos y obligaciones, tanto en lo que respecta a la estabilidad en el empleo, como en lo relativo a la carrera profesional y la formación profesional.

El EBEP se aplica a todos los empleados públicos de las administraciones públicas, entre los que se incluyen el Estado, las administraciones autonómicas y locales, así como a aquellos que trabajan en organismos y entidades públicas. Esta ley también se aplica a los trabajadores eventuales y a los trabajadores por cuenta ajena a los que se les presten servicios en la Administración Pública.

La ley del EBEP establece, entre otros, los deberes generales de los empleados públicos, como el deber de fidelidad a la Constitución y a las leyes, el deber de ejercer sus funciones con imparcialidad y el deber de guardar secreto sobre los asuntos de que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones. La ley también regula los derechos de los empleados públicos, como el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a un salario equitativo y el derecho a la formación profesional.

Además, la ley también regula el procedimiento para la contratación de empleados públicos, así como la forma en que se pueden despedir. Por lo tanto, el EBEP es la ley que regula el personal al servicio de las administraciones públicas en España.

¿Cuál es la ley madre de la administración pública en Paraguay?

En Paraguay, la Ley Madre de la Administración Pública es la Ley 14.035. Esta Ley fue aprobada el 30 de enero de 2018, y entró en vigor el 1 de octubre de 2018. Esta Ley tuvo como objetivo establecer un marco legal para el gobierno y administración pública, así como para regular y mejorar la gestión del Estado y sus entidades. Esta Ley establece los principios y normas básicas sobre los cuales se fundamentará la organización y el funcionamiento de la Administración Pública, el régimen de contratación administrativa, la responsabilidad patrimonial del Estado y el régimen disciplinario administrativo.

La Ley Madre de la Administración Pública establece los principios rectores que deben guiar la acción del Estado en la gestión de los recursos públicos. Estos principios son la eficacia, la legalidad, la moralidad, la publicidad, la transparencia, la responsabilidad, la igualdad y la solidaridad. Esta Ley también prevé la creación de un sistema de control y evaluación de la gestión administrativa, para garantizar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

Además, esta Ley establece el régimen de contratación administrativa, incluyendo la contratación directa, la contratación por concurso y la contratación temporal. Estas modalidades de contratación están sujetas a los principios de legalidad, transparencia, igualdad, publicidad y responsabilidad. Esta Ley también prevé la creación de una Oficina de Contrataciones Públicas, encargada de llevar a cabo los procedimientos de contratación y supervisar su cumplimiento.

La Ley Madre de la Administración Pública también establece un régimen de responsabilidad patrimonial para el Estado, en el que el Estado debe compensar los daños o perjuicios ocasionados por el funcionamiento de la Administración Pública. Además, esta Ley regula el régimen disciplinario administrativo, estableciendo las infracciones y sanciones aplicables a los servidores públicos por incumplimiento de sus deberes.

En conclusión, la Ley 14.035, conocida como Ley Madre de la Administración Pública, es la Ley básica que regula la gestión del Estado en Paraguay. Esta Ley establece los principios y normas básicas para la acción pública, así como el régimen de contratación administrativa, el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y el régimen disciplinario administrativo. Esta Ley busca garantizar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

¿Qué es la función pública y cuáles son sus principios?

La función pública es una acción realizada por los gobiernos para promover la eficiencia y la equidad de los servicios públicos. Se refiere a los organismos públicos, como la administración central, los gobiernos regionales y locales, y los establecimientos de educación y sanidad públicos. Esta función se lleva a cabo por servidores públicos, quienes se encargan de implementar y gestionar los programas y políticas del Estado. Estos servidores públicos deben cumplir con los principios de la función pública, como la legalidad, la eficiencia, la igualdad, la transparencia, la responsabilidad y la imparcialidad.

Los servicios públicos deben ser prestados de acuerdo con la legalidad, cumpliendo con las leyes y normas establecidas. Además, la función pública debe ser eficiente, con el fin de ahorrar recursos y obtener un mejor rendimiento. La igualdad significa que los servicios públicos se prestan a todas las personas sin discriminación en función de la raza, el género, la religión o cualquier otra característica. La transparencia se refiere a la obligación de los servidores públicos de informar sobre sus acciones y decisiones.

La responsabilidad hace referencia a la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas ante el Estado por sus acciones. Por último, la imparcialidad exige que los servidores públicos no preste servicios a personas o grupos con los que tengan relaciones personales o financieras. Estos principios garantizan que la función pública se lleve a cabo de forma profesional y de acuerdo con los intereses del Estado y de la ciudadanía.