¿Qué es la movilidad de los funcionarios?

La movilidad es un derecho y un deber de los funcionarios españoles que les permite trasladarse de un puesto de trabajo a otro dentro del ámbito de la misma administración. Se trata de una herramienta clave para garantizar la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, así como para promover el desarrollo profesional de los empleados públicos y facilitar la adaptación de las administraciones a las necesidades cambiantes de la sociedad.

La movilidad de los funcionarios se rige por una serie de normas y procedimientos establecidos en la legislación española. En general, los empleados públicos pueden solicitar la movilidad voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y existan plazas vacantes en la misma categoría o grupo de clasificación. Además, la administración también puede llevar a cabo movilidades forzosas, en caso de necesidad de la organización o por motivos disciplinarios.

La movilidad de los funcionarios puede tener distintas formas y objetivos. Por ejemplo, puede ser geográfica, cuando se produce un traslado de un puesto de trabajo a otro que está situado en otra localidad, o funcional, cuando se cambia de unidad administrativa o de área de trabajo dentro de la misma institución. También puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la duración de la reubicación.

En definitiva, la movilidad de los funcionarios es una herramienta esencial para el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas y para el desarrollo profesional de los empleados públicos. A través de ella, se fomenta la adaptabilidad y la flexibilidad de las organizaciones públicas, se promueve la excelencia en la gestión y se garantiza la máxima calidad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.

¿Qué es la movilidad interadministrativa?

La movilidad interadministrativa es una práctica muy extendida en España, que se refiere a la posibilidad de que los empleados públicos puedan cambiar su puesto de trabajo de una administración a otra. En otras palabras, permite que un funcionario pueda pasar de trabajar en una comunidad autónoma a otra, de una administración local a una autonómica o del Estado a un ayuntamiento, por ejemplo.

Esta posibilidad de movilidad se enmarca dentro de la Ley de la Función Pública de 2015, que establece el régimen jurídico de los funcionarios y establece los derechos y deberes de estos. Una de las medidas que incorpora esta ley es la llamada movilidad interadministrativa, que se basa en la idea de que los empleados públicos pueden aportar su experiencia y conocimientos a distintas instituciones, enriqueciendo el intercambio de ideas y fomentando la cooperación entre los distintos niveles de la Administración.

La movilidad interadministrativa puede ser voluntaria o forzosa. En el caso de la primera, el funcionario decide cambiar de puesto de trabajo para mejorar su experiencia profesional o por razones personales, mientras que en el segundo, la movilidad se produce como resultado de un reajuste de plantilla o un cambio de estructura administrativa. En ambos casos, se busca mejorar los servicios públicos y optimizar el rendimiento de la Administración, atendiendo siempre al interés general.

En definitiva, la movilidad interadministrativa es una herramienta que permite a los empleados públicos complementar su formación y experiencia en distintos ámbitos de la Administración, favoreciendo así el desarrollo profesional y la cualificación de los trabajadores públicos al servicio de los ciudadanos y de las instituciones. Además, representa un paso importante en la construcción de una Administración más eficiente y orientada al servicio público, en línea con los principios de transparencia, eficacia y calidad que deben presidir la acción pública.

¿Cuándo puede un funcionario pedir traslado?

Los funcionarios públicos que trabajan en la Administración pueden pedir un traslado en determinados casos concretos. Esta decisión no es sencilla, ya que implica trasladarse de domicilio, cambiar de localidad y afrontar nuevos retos. Si estás pensando en pedir un traslado, conviene que conozcas las condiciones que se requieren.

La Ley de Función Pública establece que los funcionarios pueden solicitar un traslado voluntario a otro puesto de trabajo que tenga las mismas características, a igualdad de categoría, nivel y grado. Además, también se puede solicitar un cambio a un puesto de trabajo superior, pero habría que pasar un concurso de traslados para poder optar a él. Es importante tener en cuenta que la solicitud de traslado puede ser denegada si en el lugar de destino no existe una plaza vacante, o si se considera que el interés general de la Administración no beneficia el cambio.

Otro caso en el que se puede pedir un traslado es cuando existe una necesidad manifiesta en el cambio de residencia por motivos personales, familiares o de salud. En estos casos, la Administración puede conceder un traslado forzoso y sin necesidad de concurso. No obstante, no se puede pedir un traslado de forma arbitraria, ya que debe existir una causa justificada en cualquier caso.

¿Qué significa libre designacion Art 55?

El Artículo 55 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público español establece el concepto de la libre designación.

La libre designación se basa en la selección del personal de manera directa por parte de la autoridad competente, es decir, los puestos de trabajo de confianza o de dirección pueden ser cubiertos por personas que sean seleccionadas a través de este método, sin la necesidad de pasar por un proceso de selección de manera competitiva.

Este proceso implica una gran responsabilidad para la autoridad competente, ya que debe seleccionar a la persona más adecuada para desempeñar el puesto en cuestión, teniendo en cuenta sus capacidades y experiencia, así como la idoneidad del cargo.

En el contexto político-administrativo español, la libre designación se utiliza con frecuencia para nombrar a Directores Generales, Secretarios Generales, Consejeros, y otros cargos de confianza que trabajan en la Administración Pública.

En definitiva, se puede decir que el Artículo 55 establece que la autoridad competente tiene la potestad de seleccionar de manera directa a las personas que ocupen puestos de confianza o dirección en la Administración Pública, sin necesidad de llevar a cabo un proceso de selección competitivo.

¿Qué es un puesto de libre designación?

Un puesto de libre designación es un cargo en la administración pública que se encuentra a disposición del nombramiento de una persona como titular del mismo.

Esto significa que la persona encargada de la selección puede elegir libremente a quien desee para ocupar el puesto, sin necesidad de seguir ningún tipo de proceso de selección o convocatoria pública.

Los puestos de libre designación generalmente se encuentran en cargos de alta dirección, cargos políticos o puestos de confianza, y suelen ser ocupados por personas afines al partido político o a la institución correspondiente.

Es importante destacar que, aunque no se requiere un proceso selectivo, se espera que la persona nombrada tenga experiencia y capacitación suficiente para desempeñar correctamente las funciones del puesto.

En resumen, un puesto de libre designación es aquel cargo en el cual la persona responsable de la selección puede elegir libremente a quien desee para su ocupación, sin necesidad de procesos de selección ni convocatorias públicas, pero siempre teniendo en cuenta la experiencia y capacitación del candidato elegido.