¿Que quedan exceptuados del régimen de incompatibilidades de la Ley 53 1984?

La Ley 53/1984 establece el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Sin embargo, determinados casos quedan exceptuados de esta normativa.

En primer lugar, los cargos electos locales y autonómicos no están sujetos a este régimen de incompatibilidades. Asimismo, tampoco afecta a los funcionarios correspondientes a los cuerpos o escalas que no se encuentren vinculados con el ejercicio directo de autoridad o funciones políticas.

- Los cargos de dirección y asesoramiento en fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, así como los que desempeñen funciones en organismos internacionales.

- Los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, siempre y cuando no sean magistrados o jueces en activo.

- Los cargos políticos que tengan dedicación exclusiva en su cargo y no reciban remuneraciones en otras actividades.

- Los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes tienen regulado su régimen de incompatibilidades por normas específicas.

- Los funcionarios en prácticas y los becarios de la Administración Pública.

- Los cargos políticos de la Unión Europea, que tienen su propio régimen de incompatibilidades.

En resumen, la Ley 53/1984 establece un régimen de incompatibilidades para los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General del Estado, pero existen excepciones como los cargos electos locales y autonómicos, los funcionarios que no ejercen funciones políticas directas y los cargos en fundaciones y organismos internacionales.

¿Que quedan exceptuados del régimen de incompatibilidades de la Ley 53 1984?

La Ley 53/1984 establece un régimen de incompatibilidades para ciertos cargos y empleos públicos, pero existen algunas excepciones que quedan excluidas de esta norma.

En primer lugar, la Ley no afecta a aquellos que ejerzan su actividad profesional fuera del ámbito público, siempre y cuando no exista un posible conflicto de intereses. Por ejemplo, un médico que trabaja en la Sanidad Privada no está sujeto a este régimen.

En segundo lugar, quedan excluidos de esta Ley aquellos que desempeñen cargos electos o representativos, ya que se considera que su mandato se rige por su compromiso con los ciudadanos y no por una relación laboral con el Estado.

Otra excepción importante es la de los miembros del Consejo de Estado o los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, que están exentos del régimen de incompatibilidades en su actividad en el órgano consultivo, aunque sí están sujetos a él si realizan actividades en sus ámbitos profesionales privados.

Es importante mencionar que existen también excepciones en situaciones de emergencia o calamidad pública, donde se puede requerir la colaboración de personal que estaría sujeto al régimen de incompatibilidades, pero que por necesidad se le necesita en una actuación de emergencia.

En resumen, aunque la Ley 53/1984 establece un estricto régimen de incompatibilidades para ciertos cargos y empleos públicos, existen importantes excepciones que se deben tener en cuenta para entender el alcance de esta ley y sus posibles excepciones.

¿Qué es la Ley de la Carrera administrativa?

La Ley de la Carrera Administrativa es una norma que regula los derechos y las obligaciones de los empleados públicos en el ámbito de la Administración Pública. Esta ley establece un marco de actuación para la gestión del personal, con el fin de garantizar la calidad y la eficiencia en el servicio público.

Uno de los objetivos principales de la Ley de la Carrera Administrativa es la profesionalización de los empleados públicos, promoviendo su formación continua y su evaluación periódica. Además, la norma establece un régimen de ascensos y de promoción interna, con criterios objetivos y transparentes, que favorezcan el mérito y la capacidad de los trabajadores.

La Ley de la Carrera Administrativa también recoge los derechos y las garantías de los empleados públicos, como la protección contra el acoso laboral, la igualdad de oportunidades, el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, y la retribución en función de la responsabilidad y la productividad.

Es importante destacar que esta ley tiene como finalidad mejorar la calidad del servicio público, mediante una gestión eficiente y transparente de los recursos humanos. Para ello, se establecen mecanismos de control y evaluación del desempeño de los empleados públicos, que deben estar orientados hacia la consecución de los objetivos y las metas de la Administración.

En resumen, la Ley de la Carrera Administrativa es una norma esencial para la gestión del personal público, que tiene como objetivo la profesionalización, la eficiencia y la calidad del servicio público. Su cumplimiento es fundamental para garantizar los derechos y las garantías de los empleados públicos, y para mejorar el bienestar y la satisfacción de los ciudadanos.

¿Qué leyes normalizan la carrera administrativa en Colombia?

La carrera administrativa en Colombia está regida por un conjunto de leyes que garantizan la igualdad de oportunidades y la meritocracia. Estas leyes son:

• Ley 909 de 2004: Esta ley establece el régimen jurídico de los empleados públicos y de los servidores del Estado en Colombia. También define la carrera administrativa como el conjunto de normas y principios que rigen el acceso, la permanencia, el ascenso y la capacitación de los empleados públicos.
• Ley 196 de 2019: Esta ley regula el ingreso a los cargos de carrera administrativa en el sector público y establece los requisitos y el proceso de selección. También garantiza la transparencia y la equidad en los procesos de selección y promoción.
• Ley 443 de 1998: Esta ley establece los criterios para la evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos y establece los mecanismos para la promoción y el ascenso dentro de la carrera administrativa. Además, regula la capacitación y el desarrollo profesional de los empleados públicos.

Estas leyes son fundamentales para garantizar una administración pública eficiente y profesional en Colombia. La carrera administrativa está diseñada para atraer y retener a los mejores talentos en el sector público y para garantizar que los empleados públicos sean seleccionados y promovidos por sus méritos y habilidades.

¿Cuáles son los derechos de carrera administrativa en Colombia?

La carrera administrativa en Colombia es un sistema de selección, ingreso y promoción de funcionarios del Estado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y objetividad. A través de este régimen, los empleados públicos tienen garantías y derechos para su desarrollo profesional y laboral.

Entre los principales derechos de carrera administrativa en Colombia se encuentran el acceso por concurso abierto a cargos públicos, la estabilidad laboral una vez superado el periodo de prueba, la posibilidad de ascenso mediante concursos de méritos, la capacitación y formación continua, la garantía de no ser desplazado de su cargo de manera arbitraria y el reconocimiento de la experiencia laboral previa.

Además, los empleados públicos tienen derecho a participar en asociaciones y sindicatos que les permitan defender sus intereses laborales y hacer valer sus derechos en caso de presentarse alguna situación irregular. También cuentan con la posibilidad de solicitar permisos, licencias o comisiones para el cumplimiento de deberes ciudadanos o personales, y el reconocimiento de sus años de servicio para efectos pensionales.

Es importante destacar que la carrera administrativa en Colombia busca garantizar la idoneidad, objetividad y transparencia en el desempeño de los empleados públicos, para que estos puedan ejercer sus funciones de manera eficiente y eficaz en beneficio de la sociedad. Por tanto, se espera que los funcionarios públicos cumplan con altos estándares de integridad, responsabilidad y compromiso con el servicio a la comunidad.

En resumen, los derechos de carrera administrativa en Colombia son una herramienta importante para garantizar la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional y laboral de los empleados públicos, y la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía. Todos estos derechos están plenamente reconocidos en la Constitución y en las leyes colombianas, por lo que es deber del Estado velar por su cumplimiento y aplicación en todas las entidades y organismos públicos del país.