¿Que se entiende por silencio administrativo?

El silencio administrativo es una garantía legal que se encuentra regulada en el Código Civil Español. Esta garantía se refiere a que, en los casos en los que una persona solicita algo a la Administración Pública, la misma debe responder en un plazo razonable para que el solicitante conozca si se le concede o no lo que solicita. Si la Administración no responde, se entiende que su respuesta es positiva por lo que se considera una resolución favorable.

En el caso de que la Administración tarde en responder, el interesado puede iniciar una demanda ante la jurisdicción contenciosa-administrativa para que esta determine si la Administración ha emitido una resolución tácita y la declare válida. Si la Administración no responde dentro del plazo establecido, esto se consideraría una denegación presunta.

En España la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que cuando la Administración no notifica una resolución expresa al interesado, se entiende que ha emitido una resolución tácita que tendrá los mismos efectos que si se hubiera notificado expresamente. Esta ley establece el plazo máximo para que la Administración responda a la solicitud de un interesado, y si la misma no responde dentro de este plazo, se considera una resolución favorable.

¿Que se entiende por silencio administrativo?

El silencio administrativo se refiere a la situación en la cual una autoridad administrativa no responde a una solicitud de un ciudadano dentro del plazo establecido por la ley. El ciudadano en cuestión puede presentar una reclamación y/o una queja ante la autoridad competente para que esta resuelva su solicitud. Sin embargo, si la autoridad no da una respuesta dentro del plazo establecido, se considera que el ciudadano ha recibido un silencio administrativo.

En España, el silencio administrativo está regulado por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley establece un plazo de dos meses para que la autoridad administrativa responda a la solicitud de un ciudadano. Si se excede el plazo y la autoridad administrativa no emite una respuesta, se entenderá que la administración se ha visto afectada por un silencio administrativo.

En caso de que el ciudadano considere que se ha producido un silencio administrativo, podrá recurrir al Tribunal Administrativo competente para la defensa de sus derechos. El tribunal deberá resolver si se ha producido o no un silencio administrativo y, en caso afirmativo, aplicará las sanciones correspondientes.

¿Qué pasa cuando hay silencio administrativo?

El silencio administrativo es una situación en la que una administración no responde a una solicitud o petición realizada por una persona o entidad. Esta situación puede darse de dos maneras: cuando la administración no responde durante el plazo establecido legalmente para hacerlo, o cuando el plazo para responder a la solicitud no está establecido por ley.

Cuando hay silencio administrativo, significa que la administración no ha hecho ninguna indagación sobre la solicitud y tampoco ha respondido de ninguna manera. Si la administración no responde dentro del plazo establecido por ley, se considera que hay silencio administrativo. En esta situación, el interesado tiene derecho a presentar un recurso administrativo para intentar obtener una respuesta.

En España, según el Código de Procedimiento Administrativo, el silencio administrativo debe ser entendido como una respuesta positiva a la solicitud realizada. Esto significa que, si la administración no responde dentro del plazo establecido por ley, se entiende que ha aceptado la solicitud. Por lo tanto, el interesado tendrá derecho a recibir los beneficios que haya solicitado.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el silencio administrativo no es una respuesta definitiva. Si la administración decide que la solicitud no puede ser aceptada, puede iniciar un procedimiento administrativo para anular la solicitud. Por lo tanto, el interesado debe estar atento a las notificaciones de la administración para saber si su solicitud ha sido aceptada o no.

En conclusión, el silencio administrativo es una situación en la que la administración no responde a una solicitud dentro del plazo establecido por ley. Si esto sucede, el interesado tiene derecho a presentar un recurso administrativo para intentar obtener una respuesta. Según el Código de Procedimiento Administrativo, el silencio administrativo debe ser entendido como una respuesta positiva a la solicitud.

¿Cuánto es el tiempo de silencio administrativo?

En España, el tiempo de silencio administrativo es un periodo de tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de un procedimiento administrativo hasta la resolución final. No se pueden tomar decisiones administrativas durante este periodo de tiempo, aunque se pueden aceptar alegaciones y pruebas por parte de los interesados.

En el periodo de silencio administrativo, la Administración no está obligada a realizar ninguna actuación, aunque sí está obligada a guardar secreto sobre el expediente. Durante el tiempo de silencio administrativo, la Administración puede solicitar información o documentación adicional a los interesados, si la considera necesario para alcanzar una resolución justa y adecuada.

Una vez transcurrido el tiempo de silencio administrativo, la Administración debe pronunciarse sobre la petición de los interesados, a través de una resolución motivada. Si la Administración no resuelve durante el periodo de silencio administrativo, se entenderá que el procedimiento ha sido sobreseído por el órgano competente.

En algunos casos, el periodo de silencio administrativo puede ser alargado por causas justificadas, como la complejidad de la cuestión o la necesidad de solicitar información adicional a los interesados. La extensión del silencio administrativo no debe ser superior a seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud.

¿Cómo se aplica la ley del silencio administrativo?

En España, la ley del silencio administrativo es una normativa que regula el procedimiento de trámite de solicitudes a la Administración. Esta ley establece que aquellas solicitudes que no sean contestadas en un plazo de tiempo determinado, serán consideradas como aceptadas sin necesidad de contestación expresa. Esto significa que si la Administración no responde dentro del plazo establecido una solicitud, se entenderá que la misma ha sido aprobada.

En España, este plazo de tiempo está establecido en un mes, de forma que si la respuesta a una solicitud no es emitida antes de los 30 días, se considerará que el silencio es positivo. La ley del silencio administrativo se puede aplicar a todas aquellas solicitudes que se hagan a la Administración, como trámites de solicitud de documentos, subvenciones, licencias, etc.

Además, esta ley establece que si la solicitud es denegada, debe de ser notificada al interesado dentro del plazo de 30 días. Esta notificación debe contener los motivos por los que se ha tomado dicha decisión, y el interesado debe ser informado de los recursos y vías de reclamación que existen.

Por lo tanto, la ley del silencio administrativo en España permite a los ciudadanos obtener una respuesta por parte de la Administración en un plazo de tiempo razonable, y asegura que sus derechos sean respetados.